Menos de un caso resuelto cada 100: la Justicia de San Luis presentó la peor eficacia político-criminal del país
Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) muestra el desempeño y trabajo de los ministerios públicos de Argentina. El dato corresponde a 2022, el primer año que se implementó la reforma judicial en San Luis.
Un ranking elaborado a nivel nacional, ubicó al ministerio Público Fiscal de San Luis como el menos eficaz. Así lo muestra un informe desarrollado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que analizó la tasa básica de eficacia político-criminal de 2022.
El estudio contempla 16 jurisdicciones (más Nación), que brindaron información y detalles del funcionamiento judicial. Allí se reflejó que, de 19.275 casos penales ingresados en la provincia de San Luis, 17 recibieron condena y hubo 46 suspensiones de juicio a prueba. Esto configuró una eficacia del 0,33%.
Jujuy presentó el mejor desempeño con el 18,11%. Le siguieron Río Negro (13,34%) y Neuquén (12.07%). En la región, Mendoza obtuvo un 11,07%.
El ranking del Inecip.
Desde el Inecip precisaron que la tasa básica a la que se refieren mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad.
Además, todos los números fueron brindados por cada uno de los organismos.
La cifra de 0,33% surge de la comparación de la cantidad de causas, con la suma de “salidas de calidad”, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.
Con esta medición, el instituto busca poner en debate, no solo el problema de la eficacia de los ministerios, sino también hacer foco en las dimensiones centrales, como son la “sobrecarga endémica” y la necesidad de orientar la actuación a resultados concretos.
El 2022 no fue un año cualquiera para la Justicia puntana ya que se implementó una reforma trascendental: se pasó del sistema inquisitivo hacia el acusatorio en el que los fiscales comenzaron a ocupar el papel central en las investigaciones. El ministerio Público fiscale está bajo la jurisdicción del procurador General, Luis Martínez.
Con respecto a años anteriores, San Luis registró un retroceso. En 2019 la eficacia llegaba al 2,26%, mientras que en el 2021 un 1,39%. Y fue empeorando su lugar en el ranking nacional.
El desglosamiento de las estadísticas, aporta que, de los 19.2758 casos ingresados, hubo 3163 sobreseimientos generales y pases a archivo, y 1364 sobreseimientos por prescripción.
Procurador General, Luis Martínez. (Foto Aldo Marchiaro).
De los 25 ministerios Públicos Fiscales del país, 15 no publicaron ninguna información sobre sus causas penales, mientras que solo dos (Provincia de Buenos Aires y Nación) publicaron los datos básicos (ingresos y salidas de calidad) necesarios para construir la tasa básica de eficacia político-criminal.
“La tasa básica busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los MPF que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el ministerio Público Fiscal logra obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial? En otras palabras, ¿en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico? Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación”, destacaron en las conclusiones del informe.
Pese a los requerimientos, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa, y Santiago del Estero son los que no aportaron siquiera los cuatro indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios), indispensables para medir la eficacia básica.
“Este ‘apagón informativo’ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo”, advierte el Inecip.
Y completó: “Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.